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Boletín de noticias 9 de marzo de 2012
EL TIEMPO
NO HAY VACÍO JURÍDICO PARA DEFINIR PERIODO DE FISCAL, DICE MINJUSTICIA
Juan Carlos Esguerra asegura que Gobierno sigue a la espera de concepto del Consejo de Estado.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, aseguró en diálogo con 'La W Radio', que "para tener absoluta tranquilidad" sobre la duración del periodo del nuevo Fiscal General de la Nación, el Gobierno resolvió acudir al concepto que emita la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, "el máximo organismo consultor de tipo jurídico" para el Ejecutivo. El ministro aclaró que aunque lo que diga este organismo "no es obligatorio", sí tiene la autoridad moral y la autoridad jurídica de quienes lo conforman.
"Los antecedentes que ha habido sobre el periódico del fiscal, que se remontan a 1994 cuando la Corte Suprema de Justicia eligió al doctor Alfonso Valdivieso, cuando hubo la inquietud, fue la primera vez que la hubo, de si esa elección se hacía para completar el tiempo del doctor (Gustavo) de Greiff o era por un periodo de cuatro años. Desde entonces comenzaron los debates", agregó Esguerra.
El jefe de la cartera de Justicia reiteró que aunque el Gobierno puede ternar antes de tener la certeza de cuánto durará el periodo del nuevo fiscal, el presidente Juan Manuel Santos decidió esperar. "Esperamos que el concepto del Consejo de Estado se de tan pronto como sea posible", puntualizó.
Sobre la información que conoció La W, en el sentido de que el Jefe de Estado está conformando una comisión de sabios, de carácter privado, para definir la terna, el ministro dijo que "no tenía conocimiento de la misma".
El ministro Esguerra dijo que es posible que el concepto del Consejo de Estado sea tan contundente, que los motivos para definir el periodo del nuevo Fiscal no den lugar a una demanda contra la duración del mandato del nuevo jefe del ente acusador.
Trámite de reforma de la Justicia
Esguerra aseguró que avanzan las discusiones entre el Gobierno y congresistas sobre el trámite de dicha reforma e informó que, aparte de la presentación de la iniciativa en la Mesa de Unidad Nacional, se planea una especie de 'retiro espiritual' con los ponentes en Senado y Cámara.
CORTE SUPREMA SE DECLARÓ INCOMPETENTE PARA DECIDIR PERIODO
Así lo decidió el alto tribunal este jueves tras nueve horas de debate en Sala Plena.
Los 23 magistrados del alto tribunal concluyeron que su única obligación es la de producir la elección del sucesor de Viviane Morales.
En un comunicado, le piden al presidente Juan Manuel Santos que en forma oportuna conforme la terna de aspirantes, para que la Corte disponga a su inmediata elección.
El periodo, señalaron los magistrados, está consagrado ya en la Constitución y en la ley y ellos no tienen competencia para precisarlo.
"La Corte Suprema no es un órgano de consulta, como bien lo entendió el señor Presidente de la República, cuando, en tal sentido, se dirigió al Consejo de Estado", concluye el alto tribunal.
FISCAL (E) INVESTIGARÍA A NO AFORADOS POR 'CARRUSEL' DE PENSIONES
Martha Lucía Zamora aseguró que está evaluando esa posibilidad.
El miércoles, la contralora Sandra Morelli aseguró que envió el caso de 'carrusel' de pensiones en el Consejo Superior de la Judicatura a la Fiscalía, en donde se deberán adelantar las investigaciones penales en contra de los responsables (lea también: Fiscal (e.) critica intromisión en la vida privada de Viviane Morales).
En declaraciones a La W Radio, Morelli aseguró que "está preocupada" por el "bloqueo del ejercicio de los órganos constitucionales", que está generando en las investigaciones como la de los magistrados de la Judicatura.
"Tenemos la sistemática vinculación de miembros de las altas cortes a este carrusel. Yo deseo que realmente sean conductas equiparables y sospechosas de constituir daño fiscal", dijo Morelli.
Ante las declaraciones del magistrado Henry Villarraga, quien aseguró que iba interponer una tutela contra Morelli, porque no entiende con qué parámetros jurídicos sigue la investigación en la Judicatura, la Contralora respondió: "Le dijo al señor Villarraga que ojalá le permita a los jueces de la República establecer libremente si yo le vulneré los derechos fundamentales y que cuando llegue a la Corte Constitucional que no tengamos a los magistrados impedidos porque la Comisión de Acusaciones lo han vinculado en ese caso".
ORDENAN EMBARGOS A MAGISTRADOS DE LA JUDICATURA
Mientras la Comisión de Acusación insiste en quitarle a la Contraloría las investigaciones fiscales contra varios magistrados y ex magistrados de la Judicatura por el escándalo del 'carrusel de pensiones', el despacho de la contralora Sandra Morelli acaba de dar otro paso clave en ese proceso.
Ayer ordenó el embargo de sueldos y activos de al menos 20 magistrados titulares y auxiliares, contra los que inició formalmente proceso fiscal. A los primeros, bajo el cargo de nombrar en vacancias temporales a personas que, gracias al 'palomazo', multiplicaron sus pensiones gracias a una norma que favorece a los empleados de la Rama Judicial. Y a los segundos, por recibir esas mesadas millonarias sin haber hecho los aportes necesarios para obtener el derecho.
Gracias a los nombramientos temporales, algunas de esas personas pasaron de recibir 4 millones de pesos de pensión, en promedio, a casi 13 millones. El impacto sobre el fisco, según los cálculos iniciales de la Contralóría, supera los 13 mil millones de pesos.
Los afectados son los magistrados de la Sala Disciplinaria de la Judicatura Henry Villarraga; José Ovidio Claros, María Mercedes López y Julia Emma Garzón. También aparecen los ex magistrado Temístocles Ortega, actual gobernador del Cauca; Martha Patricia Zea, José Antonio Castillo, Carlos Arturo Ramírez y Luz Helena Rodríguez también forman parte de la lista, entre otros.
En un comunicado público, la magistrada López señaló que respeta y acata las determinaciones de la Contraloría y que está segura de poder demostrar que nada tiene que ver con los nombramientos del 'carrusel' de las pensiones. La Contraloría depuró una lista inicial en la que aparecían varios nombramientos que, comprobó, no correspondían a personas que hubieran llegado a la edad de retiro. En la actual etapa del proceso aparecen los nombramientos que aparentemente sí impactaron pensionalmente al Estado.
Los dos magistrados con más nombramientos cuestionados son Julia Emma Garzón y Henry Villarraga. Garzón deberá explicar qué pasó con los nombramientos de Cenaida Mejía Báez, Zilath Corrales Pérez y Constanza Margarita Navia de Ayala. Esta última, según aparece en el expediente, estuvo como magistrada auxiliar del despacho de Garzón entre el 3 de febrero y el 8 de marzo del 2010, y gracias a eso reajustó su pensión mensual de 4 millones 498 mil pesos a 12 millones. Mejía Báez pasó de una pensión de poco más de 3 millones a una de 12 millones, por dos periodos en la Judicatura que no superaron, sumados, los 4 meses. Zilath Corrales estuvo entre mayo y julio del 2008 y pasó de 2,8 millones a más de 11 millones. Villarraga, ex presidente de la Sala Disciplinaria. El tuvo en su despacho a Jaime Roberto Arteaga Caiza, Álvaro Rojas Mayorquín y Jesús Herrera Cortez, quienes también se beneficiaron de la generosa gabela pensional. En promedio, los nombramientos duraron tres meses y en esos casos también las mesadas se cuadriplicaron. Dos de ellos recibieron pagos retroactivos por más de 400 millones de pesos.
En su momento, Villarraga insistió en que la Contraloría no tiene facultades para investigarlo y pidió que el caso fuera enviado a la Comisión de Acusación. La Contraloría investiga un supuesto tráfico con condecoraciones concedidas en la Rama Judicial, pues los ganadores en varias oportunidades eran enviados al exterior --incluso contra su voluntad-- y las vacantes temporales eran supuestamente aprovechadas para ubicar a los interesados en entrar en el 'carrusel' pensional.
DEFENSOR DEL PUEBLO ALERTA POR DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER
Según Volmar Pérez, la mujer es víctima de violencia tanto dentro como fuera del conflicto armado.
La Defensoría recalca que solo en el 2010, Medicina Legal practicó 20.142 exámenes médicos por el presunto delito de violencia sexual, de los cuales el 84 por ciento correspondió a mujeres y el 16 por ciento a hombres.
Según este estudio, de la Defensoría, la conclusión general es que "La mayoría de las violaciones en Colombia ocurren dentro del ámbito de la mujer."
Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS 2010), el 10 por ciento de las mujeres manifestó haber sido violada por el esposo o compañero, el 6 por ciento informó haber sido violadas o forzadas a tener relaciones sexuales por alguien diferente al esposo o compañero; del total de casos, el 16 por ciento de los victimarios fueron desconocidos, el 18 por ciento el exmarido, el 12 por ciento un amigo, el 10 por ciento un pariente de la mujer, 6 por ciento el novio, el 5 por ciento un pariente del esposo.
En el 2010 también se registraron 1.444 casos de homicidios de mujeres, de los cuales 108 de ellos corresponden a la categoría de violencia sociopolítica y 121 se identificaron en mujeres vinculadas al ejercicio del trabajo sexual.
Para la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2011), que incluyó información específica sobre la violencia sexual relacionada con el conflicto, según el cual "en 2011 se continuaron reportando actos de violencia sexual relacionados con el conflicto, algunos cometidos con especial grado de sevicia, atribuidos a grupos armados ilegales".
Según el Defensor, es importante que la sociedad colombiana logre avances en la superación de la impunidad en los caso de violencia contra las mujeres y promueva cambios en los imaginarios sociales para pasar de la tolerancia a la solidaridad con las víctimas, pero, sobre todo, como mecanismo de protección.
Casi 8 mil mujeres están privadas de la libertad
De otro lado, el Inpec informó que 7.910 mujeres están hoy privadas de la libertad en Colombia, de las cuales 5.824 están condenadas y 2.086 están en condición de sindicadas.
Estas internas están privadas de la libertad en 10 centros de reclusión y 3 pabellones, donde dedican su tiempo al estudio, el trabajo y la enseñanza.
"El 49.5 por ciento de las internas en el país están recluidas por tráfico, porte o fabricación de estupefacientes", indicó el Instituto Penitenciario.
El Inpec también aseguró que los delitos por los que más son detenidas las mujeres es por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (3.916 internas), Hurto (1.205 internas), homicidio (879 internas) y concierto para delinquir (609 internas).
SANTOS PODÍA CAMBIAR TERNA PARA FISCAL, CONSIDERÓ EL CONSEJO DE ESTADO
EL TIEMPO conoció que la sentencia del alto tribunal señala que es posible en casos excepcionales.
Mientras la 'papa caliente' del tiempo que estará en el cargo el próximo Fiscal General sigue sin resolverse, el Consejo de Estado acaba de cerrar la discusión sobre otro de los líos generados por la dilación de la Corte Suprema en elegir al sucesor de Mario Iguarán.
EL TIEMPO conoció que la sentencia del Consejo de Estado, que el martes de nuevo fue discutida, además de ratificar que la elección de Viviane Morales en diciembre del 2010 no fue válida, porque la Corte modificó irregularmente su reglamento, señala que, en casos excepcionales, el Jefe de Estado puede modificar la lista de postulados a la Fiscalía, como ocurrió cuando el presidente Santos removió a los segundos ternados por el gobierno de Uribe.
El argumento de esta posición es que la demora de la Corte para elegir, que mantuvo la Fiscalía en una interinidad de 17 meses, forzaba al Ejecutivo a buscar salidas; entre ellas, proponer nombres viables a los ojos del máximo tribunal de lo penal.
Según los consejeros, en su calidad de nominador, el Presidente no puede "amarrar" a la Corte a elegir de una lista de aspirantes que no reúnan los requisitos.
Este fue uno de los 4 puntos por los que fue demandada la elección de Morales.
EL TIEMPO también conoció que el fallo no hablará sobre el periodo para el que debe ser elegido el nuevo Fiscal. Sin embargo, ya Santos pidió un concepto a la Sala de Consulta del Consejo de Estado.
EL ESPECTADOR
CONSEJO DE ESTADO DEFINIRÁ PERIODO DE NUEVO FISCAL GENERAL: CORTE SUPREMA
El alto tribunal hizo un nuevo llamado al presidente Santos para que envíe la terna.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Javier Zapata, manifestó que después de siete horas de reunión de Sala Plena se estipuló que el alto tribunal “no es competente” para definir el periodo del nuevo fiscal General, hecho por el cual será el Consejo de Estado el órgano que debe tomar dicha decisión.
Según el presidente del alto tribunal, el periodo de cuatro años del Fiscal General se encuentra estipulado en la Constitución Política de Colombia y la Ley, hecho por el cual la Corte Suprema no puede definirlo en estos momentos, haciendo referencia al extraño hecho de la nulidad de la elección como jefe del ente investigador de Viviane Morales.
“La Corte Suprema no es órgano de consulta como bien lo entendió el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, cuando en tal sentido, se dirigió al Honorable Consejo de Estado”, manifestó el magistrado Zapata.
Igualmente le pidió al primer mandatario que presente en el menor tiempo posible la nueva terna, con el fin de realizar todo el proceso de entrevistas, debate y elección. “Tan pronto sea enviada ésta, se dispondrá lo atinente para que, de manera inmediata, se produzca la elección”.
EL NUEVO SIGLO
CONTRALORÍA COMPETENTE
Resulta no solamente obvio, sino taxativo, que la Contraloría General de la República, hoy en cabeza de Sandra Morelli, tiene plenas facultades para investigar, en caso de detrimentos patrimoniales estatales o fugas del Tesoro, a cualquier servidor público en materias fiscales.
Así lo señala la Constitución cuando establece que la Contraloría vigilará la ejecución fiscal de la Administración o de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. De esta manera su competencia es global en todo lo atinente al Presupuesto Nacional e igualmente le da los métodos para que ella sea correspondiente y eficaz, a partir de un control posterior y selectivo. Inclusive, en hechos palmarios, puede recurrir al control de advertencia por medio del cual llama la atención sobre determinadas actuaciones y el requerimiento inmediato de suspenderlas.
En el caso de los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, que no son tildados de Magistrados en la Constitución, le caben las competencias señaladas. Sería un exabrupto que, luego de múltiples y escandalosas denuncias en los medios de comunicación por el denominado “carrusel pensional”, la Contraloría se quedara quieta y estupefacta. Por el contrario, su actuación debe ser de oficio y no necesita demanda previa para movilizarse.
Los miembros del Consejo Superior de la Judicatura que han denegado la competencia de Morelli se equivocan tanto en cuanto su intervención es procedente, como se dijo, en materias fiscales. Si de sus indagaciones en ese ámbito se desprende que los investigados pudieron haber cometido faltas delictuales o disciplinarias, sostiene la misma Constitución que podrá recurrir, a estos efectos, ante las autoridades competentes aportando las pruebas respectivas a fin de enriquecer el acervo probatorio en lo penal o disciplinario. Así, de acuerdo con el viejo refranero, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es decir, que la Contraloría tiene todas las capacidades en materia fiscal y puede coadyuvar después a las otras autoridades en los asuntos que les correspondan.
Han dicho, sin embargo, algunos miembros del Consejo Superior de la Judicatura que por el fuero constitucional sólo pueden ser investigados por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Esto es verdad, ciertamente, para los efectos de haberse cometido cualquier delito, pero no en cuanto a la indagación fiscal propiamente dicha. Tan es así que la Constitución ordena que la Cámara actúe de Fiscal, el Senado acepta o no la acusación y es a la Corte Suprema de Justicia a la que corresponde juzgar por los hechos punibles imputables a los aforados. O sea, sólo por delitos.
Inclusive tiene la Contraloría, verdad sabida y buena fe guardada, la facultad de pedir la suspensión inmediata mientras culminan las investigaciones por los respectivos procesos penales o disciplinarios.
Puede ser un error, pues, pensar que lo fiscal es subsidiario de lo penal o disciplinario. Por el contrario, más bien lo último puede ser consecuencia de lo primero. Y para que ello ocurra es evidente que la Contraloría puede iniciar sus juicios fiscales independientemente de los trámites en las Comisiones del Congreso.
El debido proceso, entonces, se da al interior de los procedimientos de la Contraloría. Pero más allá de estos tecnicismos jurídicos, lo que interesa al país es claridad sobre lo ocurrido dentro del Consejo Superior de la Judicatura. No hay allí colisión de competencias ni nada por el estilo. El hecho de permitir mesadas de alto costo bajo lo que los medios han llamado “carrusel pensional”, se constituye en una afrenta para el ciudadano del común. Mucho más en una entidad cuya función es la de disciplinar a la Judicatura y los abogados. Debería por tanto ser el culmen de la ética.
Pueden los miembros del Consejo Superior aducir su total inocencia ante la Contraloría, y en ese caso, de seguro, saldrán libres de todo mal. Pero si existiera algún tipo de dolo o componenda en sus conductas, tendría la Contraloría que pedir el resarcimiento social y patrimonial correspondiente y compulsar copias para las investigaciones penales. Lo que no se puede es desestimar a la Contraloría simplemente por incómoda, cuando ella, por el contrario, está en perfecta sintonía con las investigaciones que le demanda la sociedad en general.
INTENTAN DESACREDITAR LAS ALTAS CORTES"
Críticas por la posibilidad de que la Comisión de Acusaciones de la Cámara investigue a los magistrados lanzó Germán Navas Talero, representante a la Cámara por Bogotá.
Estas investigaciones serían por el ‘Carrusel’ de las pensiones y según el representante, las decisiones que se toman en la Comisión “son puramente políticas”, algo que no tiene nada que ver con las presuntas irregularidades con beneficios de pensiones.
Según Navas Talero, "la Comisión de Absoluciones no sirve para nada. No entiendo qué hace un órgano de formación política juzgando magistrados de los tribunales. Es un juicio político”.
En medio de un foro judicial en el Consejo de Estado, Navas dijo que “desacreditan para que vean como el ejecutivo tenía la razón en debilitarla a través de este proyecto".
LOS 10 CHICHARRONES PARA EL NUEVO FISCAL GENERAL
A quien sea elegido (a) en propiedad al frente del ente acusador le corresponderá el nada fácil reto de aterrizar los cambios que en el sistema acusatorio podrían implicar, de manera directa o indirecta, algunos de los cambios que están planteados en el proyecto de reforma a la Rama Judicial. Como se sabe, la iniciativa, que ya superó cuatro de los ocho debates en el Congreso, establece un arsenal de medidas dirigidas a disminuir de manera drástica la congestión en los despachos judiciales, que no sólo implica dejar en manos de abogados y notarios algunas funciones de administración de justicia, sino que impondría variaciones procesales y presupuestales para acelerar la resolución de expedientes en las distintas jurisdicciones, incluyendo la penal. Ello, a la par de seguir aterrizando las nuevas normas del Estatuto Anticorrupción. Por otra parte, es claro que si se cambia el régimen de investigación y juzgamiento de los altos funcionarios aforados, ello impactaría no sólo las facultades de la Sala Penal de la Corte Suprema, sino las funciones de las fiscalías delegadas ante el mismo alto tribunal así como de la labor de instrucción de expedientes y su radicación ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, cuando se trata de posibles casos contra magistrados y hasta Presidentes de la República.
El revolcón en fuero militar
El nuevo Fiscal General, ya sea que esté en el cargo por 18 meses o por un periodo de cuatro años, tendrá que afrontar los cambios que en materia de fuero de investigación y acusación a los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía se están planeando. Como se sabe, los ajustes en el fuero militar hacían parte del proyecto de reforma a la justicia pero el Gobierno decidió semanas atrás pedir al Congreso que, una vez arranque a mediados de este mes el quinto debate a la iniciativa, el artículo respectivo sea retirado para presentar un proyecto exclusivo sobre el tema. El borrador de esa nueva iniciativa ya está listo y empezó a ser socializado por el Gobierno y una comisión asesora con las distintas bancadas de la Unidad Nacional. El proyecto definirá específicamente en qué casos los procesos penales contra uniformados pasan a conocimiento previo de la Justicia Penal Militar o, en su defecto, será la Fiscalía la encargada de adelantar la respectiva instrucción.
Extinción de dominio
Uno de los principales cuellos de botella que tiene la Ley de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras es, sin duda, la gran cantidad de bienes muebles e inmuebles que están en proceso de extinción de dominio o que se encuentran incautados pero la propiedad de los mismos no ha pasado a propiedad del Estado. El nuevo o la nueva Fiscal tendrá que delinear una estrategia que no sólo acorte sustancialmente la duración de los casos de extinción de dominio, sino que, acorde con las últimas reformas a esta legislación, le permita al Gobierno estar seguro de que, aún antes de que se produzca una sentencia, pueda vender el respectivo bien decomisado, bajo la seguridad de que por más maniobras que intenten quienes aleguen la propiedad del mismo, al final es tan clara la ilicitud de su origen que no hay riesgo en enajenarlo anticipadamente, monetizar su valor para financiar la lucha antidroga y la reparación a las víctimas y, en tercer lugar, disminuir el lastre y foco de corrupción que implica para el Estado manejar miles de narcobienes, tal como quedó evidenciado en la liquidada DNE.
Empujar Justicia y Paz
Ya resulta un lugar común advertir que la ley de Justicia y Paz proferida en 2005 no ha desembocado en un sustancial número de condenas al grueso de paramilitares (más de 2.000) que terminaron bajo esta jurisdicción por estar acusados de delitos graves y de lesa humanidad. Está claro que pese a las reformas introducidas en los últimos años a esta Ley con el fin de agilizarla, e incluso a la flexibilidad que ha introducido la propia Corte Suprema de Justicia, el número de condenas en firme no supera la decena. Es más, en no pocos casos hay tesis jurídicas que sugieren que como la pena alternativa máxima que establece Justicia y Paz es de ocho años de prisión, pues bien se podría alegar, a partir de 2013, el principio de prescripción en muchos procesos, pues los procesos apenas si han pasado de las etapas preliminares pero las resoluciones de acusación se dilatan y dilatan. Entre tanto, la posibilidad de que las víctimas puedan acceder a los principios de verdad, justicia y reparación es cada día más lejana, y en muchos casos los afectados se han enfocado más en obtener la indemnización económica que en el proceso jurídico como tal.
Casos contra uribismo
A quien asuma en forma definitiva las riendas del ente acusador le tocará ponerse al frente de procesos penales de alto impacto para el país como los casos en donde son juzgados los ex ministros Sabas Pretelt, Diego Palacio y Andrés Felipe Arias. A los dos primeros se les formuló ayer resolución de acusación por su presunta responsabilidad en el escándalo de la yidispolítica, mientras que el tercero ya está en etapa preparatoria de juicio por el caso AIS. Igual le corresponderá al nuevo Fiscal liderar las gestiones a que haya lugar para que “reos ausentes” como el ex alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo (prófugo en el exterior) o la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado terminen compareciendo ante la justicia colombiana. Es claro que esos procesos y otros como los de laschuzadas, le generarán a la Fiscalía duros ataques desde la orilla del uribismo y demandará de la entidad, y de la capacidad de liderazgo de su titular, la máxima eficiencia para llevar a buen término los respectivos procesos penales y evitar que éstos se caigan por errores de forma y fondo.
Otros procesos insignia
Aunque cada fiscal es independiente en sus decisiones y no tiene un principio de subordinación jurídica frente al Fiscal General, es claro que es sobre éste que recae la obligación de maniobrar institucionalmente para que haya la mayor eficiencia en los procesos penales. Por lo tanto, al nuevo titular del ente acusador le corresponderá ponerle la cara al país por casos como los desfalcos millonarios a los recursos de la salud y la educación; la definición de los procesos por el ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá, que tiene como principales protagonistas al clan Nule, el ex alcalde Samuel Moreno y el ex senador Iván Moreno; de igual forma, están pendientes otros procesos de alto impacto y eco mediático como los relacionados con la parapolítica a nivel de departamentos y municipios; la judicialización de los salpicados en los computadores de los cabecillas guerrillerosCano y Jojoy; las graves anomalías en la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes; el siempre polémico caso del violador Luis Alfredo Garavito; los nuevos flancos de casos como los del Palacio de Justicia o varios magnicidios que siguen en la impunidad como el del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado; igual debe culminar la judicialización de los falsos positivos…
Falencias institucionales
Una de las mayores críticas que se hacen a la Fiscalía tiene que ver con la falta de un recurso humano más amplio para hacer frente a la creciente criminalidad. Las unidades de Antiterrorismo, Derechos Humanos, Antinarcóticos, Extinción de Dominio y de Justicia y Paz, así como las nuevas jurisdicciones relacionadas con el proceso de restitución de tierras deben ser reforzadas en materia presupuestal, de personal y de elementos técnicos. También es claro que aún persiste la incertidumbre en torno al número de plazas en la Fiscalía que están cubiertas por funcionarios en provisionalidad y el mandato constitucional y legal para que todos esos cargos sean ocupados por quienes hacen parte de las listas de elegibles derivadas de concursos de meritocracia. Además, tiene que seguirse aterrizando todo el proceso de absorción de funcionarios que hacían parte del desaparecido DAS.
Testaferrato en tierras
La Fiscalía es componente clave en toda la implementación del proceso de Reparación a las Víctimas de la violencia y la Restitución de Tierras. Si algo ha quedado claro en este primer tramo de la aplicación en firme de la norma es que hay enemigos declarados de la misma, tanto en la extrema izquierda como en la derecha. En ese orden de ideas, depende de la agilidad de la Fiscalía esclarecer y castigar las maniobras en notarías y juzgados para ocultar el origen ilícito en la titulación de más de dos millones de hectáreas arrebatadas a los desplazados. Sólo en la medida en que se avance en la judicialización de la compleja red de testaferrato será posible recuperar los predios y devolvérselos a los legítimos dueños. También corresponde a la Fiscalía acelerar las investigaciones para establecer quiénes están detrás de los ataques contra los líderes de asociaciones de reclamantes. No hay que olvidar que ya en algunas zonas se habla de “ejércitos anti-restitución” de tierras, que estarían siendo financiados por los poseedores de miles de hectáreas robadas a campesinos y hacendados, tanto por la presión paramilitar como guerrillera.
Las Bacrim, enemigo 1A
Si algo quedó claro en los últimos meses es que las llamadas “bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico” (Bacrim) se han convertido, incluso por encima de la guerrilla, en el más grave factor generador de violencia en muchos departamentos y municipios. La Fuerza Pública se queja de que son muchas las capturas que se producen en la lucha contra estas organizaciones ilegales (derivadas del paramilitarismo y ahora en alianza con la guerrilla y la delincuencia común) pero que los detenidos pronto quedan en libertad debido a las decisiones de los jueces de garantías, pues los fiscales no alcanzan a sustentar eficientemente los casos. Es urgente, por tanto, que la Fiscalía lleve a cabo una coordinación más eficiente con las Fuerzas Militares y Policía para que los golpes a las Bacrim no terminen siendo neutralizados por errores en capturas, debilidad del acervo probatorio y las maniobras dilatorias de los abogados defensores.
Ojo a feria de rebajas
Uno de los principales retos de quien sea elegido por la Corte para estar al frente de la Fiscalía será, sin duda, poner filtro a la gran cantidad de rebajas de penas que los fiscales están negociando con los sindicados. Si bien es cierto que esos beneficios que se reconocen por terminación anticipada del proceso, allanamiento a cargos, delatar cómplices y entregar bienes de origen ilícito están amparado en la legislación vigente, lo cierto es que su aplicación indiscriminada está produciendo en la opinión pública una percepción de impunidad y de burla a la justicia y las víctimas. Corresponde, entonces, a la Fiscalía, como instrumentadora de la Política Criminal del Estado, ponerle más condiciones a esa clase de beneficios, incluso al Principio de Oportunidad, pues casos como las escandalosas rebajas de pena a algunos de los involucrados en el proceso por el ‘carrusel’ de contratación en Bogotá, están dejando muy mal parada a la justicia.
ESTALLA ESCÁNDALO POR CARRUSEL DE PENSIONES EN LA JUSTICIA
Una lista de 203 magistrados, auxiliares y extogados del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Superior de la Judicatura se encuentran en el ojo del huracán después de una serie de de demandas, la mayoría de ellas anónimas, anónima presentadas ante la Comisión Acusación de la Cámara de Representantes por supuestas irregularidades en el nombramiento de funcionarios en su despacho con el fin de beneficiarlos con un incremento en sus pensiones.
En una de las denuncias, la cual está firmada por Juan Carlos Puente, quien manifiesta en es su denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que se “está en mora de cumplir la función que les asigna la y descubran todo lo que está pasando en el carrusel de las pensiones".
En otra de las denuncias, firmadas por José Vicente Ramírez Quevedo, se señala que los magistrados del Consejo de Estado en una Sala Plena nombraron en encargo por un año como magistrada auxiliar a Gladys Agudelo, “quien al momento de su elección ganaba 15 millones de pesos y estaba ad portas de pensionarse pues cumplía los requisitos. Sin embargo los magistrados la nombraron y pasó a devengar un salario de 24 millones de pesos aproximadamente”, se precisa en el documento presentado por la FM.
“Este hecho constituye uno más de los que la prensa nacional ha denominado carrusel de las pensiones, de que se da cuenta ocurren en el Consejo Superior de la Judicatura, pero que el país sabe que ocurren en otras partes como el Consejo de Estado y la Procuraduría. Por lo que la Comisión de Acusaciones de manera oficiosa investigue como es su función. Como ciudadano quiero coadyuvar poniendo en conocimiento el caso aquí revelado”, precisó el demandante.
En la demanda puso además la hoja de vida de la doctora Gladys Agudelo, constancia de su periodo y cargo desempeñado como magistrada auxiliar en el Consejo de Estado, “con la indicación de su sueldo”, así como el acta de su elección.
En la lista presentada por la FM, se registran los nombres de más de 36 magistrados de la Corte Constitucional, entre los que se destacan los nombres del actual presidente de la Corporación, Gabriel Mendoza Martelo, así como los expresidentes del alto tribunal Nilson Pinilla, Juan Carlos Henao y Mauricio González, además de los magistrados Jorge Pretelt, Humberto Sierra Porto, María Victoria Calle, Luis Ernesto Vargas, Jorge Iván Palacio entre otros.
En las denuncias anónimas, por las cuales ya se empezaron a abrir las primeras investigaciones, se vinculan además con este llamado carrusel de las pensiones a 30 magistrados del Consejo de Estado, y 50 auxiliares, entre los que se encuentra el nombre del expresidente del alto tribunal Mauricio Fajardo.
En el caso de caso de la Corte Suprema de Justicia, se mencionan los nombres del actual presidente del alto tribunal, Javier Zatapa, así como sus antecesores Camilo Tarquino, Jaime Arrubla, César Julio Valencia Copete, además de otros 80 magistrados de las salas Penal, Civil y Laboral.
MAGISTRADO INTERPONDRÁ TUTELA CONTRA CONTRALORA POR APERTURA DE INVESTIGACIÓN
Consideró que Sandra Morelli les está violando el derecho al debido proceso.
Henry Villarraga, magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, anunció que en los próximos días interpondrá una acción de tutela contra la contralora General, Sandra Morelli por la apertura de investigación fiscal en su contra por el llamado carrusel de la contratación.
“Me cansé de aguantarle los atropellos de la señora Contralora, considero que me están violando el debido proceso, que me violó el derecho a la defensa, de contradicción y el juez natural. Son derechos fundamentales”, precisó el magistrado señalando que la Contraloría General no tiene la competencia para abrir esta investigación.
Y es que visiblemente molesto, Villarraga consideró como “un irrespeto” la apertura de dicha investigación fiscal, considerando que la Contralora General sabe que existe un conflicto de competencias en este proceso, y sin embargo tomó una decisión para ellos apresurada, hecho por el cual presentará la tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá.
“Invito a la señora Contralora que nos respete, que respete a la justicia colombiana, a los jueces de la República, que no trate de volver un investigación fiscal en un circo donde nosotros estamos actuando como payasos. No somos payasos, somos personas que ostentamos un cargo a la cual le exigimos respeto”, manifestó exaltado el togado en una rueda de prensa.
Para el magistrado, la apertura de la apertura de la investigación es una decisión “política”, señalando que el parece extraño que este hecho se presente a pocas semanas del segundo debate de la reforma a la justicia. “Aquí lo que pretender es desprestigiar a las Cortes. Yo no alcanzo a concebir quine puede tener tan grandes intenciones malignas en contra de la justicia colombiana para debilitarla”, señaló.
"EXISTEN PERSONAS INTERESADAS EN DESPRESTIGIAR LA RAMA JUDICIAL": JUDICATURA
El presidente de la Sala Disciplinaria señaló que no existe ningún carrusel de las pensiones
“No existe el carrusel de las pensiones en las Altas Cortes”, de esta manera, el presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Lizcano rechazó los señalamientos presentados por varios sectores de la sociedad y el Gobierno sobre las irregularidades en el proceso pensional y por lo cual ya se abrieron algunas investigaciones preliminares en la Contraloría y otros órganos de control.
Según el magistrado Lizcano, todos estos ataques y acusaciones vienen de un “grupo de personas que quieren desprestigiar a la rama judicial”, precisando que desconoce de dónde pueden venir estos ataques, y quién o quiénes están detrás de esto.
“Yo le creo a mis colegas, y ellos me dicen que no han cometido ninguna irregularidad”, agregó el presidente del Consejo Superior de Judicatura señalando que en el caso del magistrado Ovidio Claros, sus funcionarios de despacho no tienen una edad superior a la de 45 años “por lo que están muy lejos de recibir una pensión”.
“Las responsabilidades fiscales y penales son individuales, no se tiene porqué menguar una Institución, ni hablar de culpas colectivas o de eliminación de instituciones”, precisó Lizcano, al señalar que están dispuestos a entregar toda la información sobre los nombramientos a la justicia para que realicen sus investigaciones.
El presidente de la Judicatura prefirió no hacer calificativos o manifestaciones sobre las decisiones tomadas por parte de la contralora General, Sandra Morelli: "No es el momento para esto. Lo único que tengo que decir es que yo sí respeto el derecho al debido proceso del que gozan todas las personas".
CORTE SUPREMA DENUNCIA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO CONTRA MAGISTRADOS
Leonidas Bustos consideró que un grupo de personas quieren presionar a las altas cortes para la toma de decisiones.
El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos consideró que existe una campaña de desprestigio “sistemática y generalizada” en contra de los magistrados de las altas cortes, haciendo una clara referencia a la información publicada sobre un llamado ‘carrusel de las pensiones’.
Según el magistrado Bustos, todos estos señalamientos y cuestionamientos que se han presentado en los últimos días en contra de la mayoría de togados tendrían como finalidad desprestigiar y presionar las decisiones trascendentales que están estudiando en la actualidad las Cortes.
“Lo que existe es una campaña sistemática y generalizada de desacreditación y desprestigio de las Cortes, que puede estar dirigida a querer amedrantar o intimidar a la Corte Constitucional toda vez que tiene en estudio un tema relacionado con pensiones e igualmente está en el Congreso el tema de reforma a la administración de justicia”, afirmó el presidente de la Sala Penal.
Para el magistrado, no existen pruebas documentales que permitan inferir y mucho menos asegurar que existen magistrados del Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y Consejo Superior de la Judicatura sobre el nombramiento irregular de funcionarios a quienes habrían salido beneficiados con una pensión.
“No tiene ningún asunto que pueda reportarse en el denominado carrusel”, precisó Bustos señalando que en los próximos días se adelantarán las investigaciones pertinentes para poder establecer quién estaba detrás de semejantes versiones con el fin de entablar denuncias de carácter penal por el delito de calumnia.
El magistrado Bustos cuestionó que se haya conocido la lista completa de los magistrados y sus auxiliares investigados. "Se formuló una denuncia anónima y otras con denunciante conocido y se reprodujeron esos nombres. Me parece que eso es lesivo para la integridad moral de los magistrados de la corte", dijo.
“Creo que los medios de comunicación están orquestando seguramente de manera involuntaria y no tendenciosa esa acusación que se está haciendo particularmente contra la Corte Suprema de Justicia”, reiteró el magistrado.
JUSTICIA, VIRTUD SUPREMA
Por: Rodolfo Arango
Un célebre e influyente pensador del siglo XX, John Rawls, afirmaba que la justicia es la virtud suprema de la sociedad. Ella es el equivalente a la verdad en el ámbito del conocimiento.
Sin justicia pierde legitimidad el Estado y las autoridades públicas, cual jauría hambrienta, dominan pero no gobiernan. La justicia, ese tercero imparcial y ecuánime, ideado para zanjar regladamente las diferencias, si funciona, es garante de igualdad y paz. De lo contrario, sirve de artificio letal y arma de persecución política.
En las sociedades bien ordenadas brilla la virtud de la justicia. En ellas los ciudadanos no sólo gozan de un sentido elaborado de lo que es justo o injusto, sino que elevan la justicia a cualidad fundamental de sus instituciones sociales. Ciertamente se trata de un ideal lejano, pero no por ello inalcanzable. La suma de educación para la democracia, igualdad de oportunidades y diseño institucional adecuado permite acercarse a este objetivo. Indispensable resulta poner los pies sobre la tierra y reconocer factores materiales y culturales que impiden realizar los ideales de la civilización.
Los poderes de facto, legales o ilegales, que aún reinan en nuestra sociedad, son enemigos de la justicia o pretenden que ella sólo sirva a sus intereses. Dirigentes gremiales promueven reformas para agilizar cobros judiciales o para privatizar la resolución de grandes controversias, esto por vía de árbitros ejecutores de una justicia paralela. La toma de la justicia por los particulares socialmente organizados opera igualmente mediante el ejercicio del poder mediático. Los acusados, más si cuentan como adversarios políticos, son condenados en prensa, radio y televisión sin debido proceso ni fórmula de juicio. Por el contrario, cuando la justicia finalmente opera, sus decisiones son desafiadas por nostálgicos del poder o agitadores profesionales. En una sociedad pobre en la virtud de la justicia, los intereses privados, de clara o dudosa procedencia, le compiten al Estado su hegemonía en el gobierno de los asuntos generales.
Una reforma a la administración de justicia requiere estudios sociales extensos sobre los poderes de facto existentes en la sociedad y sobre el nivel de democratización alcanzado por su población. La resistencia privada a la construcción de un verdadero Estado de derecho que sea constitucional, social y democrático, es todavía prevaleciente. Pero no por mucho tiempo. Señales de hastío por la manipulación a que han sido sometidas las instituciones públicas permiten avizorar un futuro más halagüeño. En esa tarea la educación política, cívica y democrática es de la mayor importancia.
Otro grande del pensamiento, Immanuel Kant, testigo de las brutalidades de su tiempo pero confiado en la buena guía de la razón, entendió que no hay mayor contribución a la justicia que tomarse en serio el deber de respetar la ley. Este legado republicano, transmitido de generación en generación desde Sócrates, ha permitido el surgimiento de institucionales sociales justas, al servicio de la realización de los derechos y deberes humanos. Bien haría el país en entender que la ausencia de justicia en el territorio no es signo de un país asediado por los malos sino de una población con bajos niveles de cultura política y pésimos dirigentes políticos y sociales.
EL POLVO BAJO LA ALFOMBRA
Por: Catalina Ruiz-Navarro
Hay distintas maneras de ser un reo en Colombia, pero todas inefectivas para disminuir el crimen en el país.
Por un lado, se puede ser un ladrón de cuello blanco, como los Nule, que dejaron a Bogotá al borde de un colapso nervioso después de un robo millonario. En principio sólo tendrán que pagar $10.042 millones, apenas una fracción de lo que se robaron, y 7,5 años de cárcel durante los cuales no tendrán impuestos y nosotros los estaremos manteniendo. También se puede ser como Juan Carlos Salazar y tener 10 años de casa por cárcel después del escándalo de Agro Ingreso Seguro. Ninguna de estas penas desincentiva el crimen; de hecho, algunos de los condenados dirán que la cosa les salió rentable, pues después de pagar al abogado todavía les queda plata del botín, que sirve, claro, para asegurar condiciones de reclusión más favorables.
Por otro lado, se puede ser un pobre diablo cuyo nombre no sale en los periódicos y al que nadie escucha, si se queja de que vulneren sus derechos. Con estas personas el sistema penitenciario es tan cruel que muchos salen de la cárcel con mayores resentimientos, habilidades y contactos para delinquir que cuando entraron.
Según el Inpec, el hacinamiento en las cárceles de Colombia alcanza el 33%. En los últimos 6 años se han construido 10 nuevos establecimientos penitenciarios y en 2010 se llegó a un porcentaje de hacinamiento de 24,2%, pero muy brevemente, pues la aplicación del Código Penal no ha permitido una descongestión de las cárceles; en solo 2 años el porcentaje volvió a subir.
El hacinamiento es solo uno de los problemas que se dan en las cárceles colombianas, tal vez se destaca solo por ser el más fácil de medir. En El Buen Pastor, por ejemplo, no hay suficiente agua para que se bañen todas las reclusas, no se cumple la norma que dice que pueden salir del penal (con vigilancia, claro) para dar a luz y varias han tenido sus hijos en la penitenciaría. Por otro lado, los tratos a los visitantes son irrespetuosos, a veces incluso violentos. Van desde desnudarlos con la puerta abierta para las requisas hasta, por ejemplo, exigir de repente y de manera arbitraria que solo se pueda entrar al penal en sandalias, previo acuerdo con vendedores ambulantes que las facilitan a $10.000 o las alquilan a $7.000, y que las ofrecen desde temprano a lo largo de la fila.
En Colombia el sistema penitenciario se basa en dos supuestos pilares. La educación, que comprende todo lo relacionado con la capacitación, alfabetización y asistencia psicológica. Y la disciplina, “base fundamental de la organización de una comunidad por la cual los reclusos deben cumplir determinados reglamentos de régimen interno”. Según esto, la cárcel es una especie de tratamiento que intenta rehabilitar al criminal y “reintegrarlo” a la sociedad. La realidad, sin embargo, es que no hay plata, personal ni instalaciones para tantas maravillas y que solo 1 de 4 reos recobra realmente su libertad, mientras los otros 3 reinciden o mueren en el penal. Esto no es tanto culpa de los criminales como de una sociedad cuya desigualdad es terreno fértil para la delincuencia, que se olvida de los trasgresores una vez se les dicta una condena y que absurdamente confía en un proceso sistemático de deshumanización que aunque castiga, multiplica la magnitud del problema.
UNA JUSTICIA POLÍTICA O POLITIZADA?
Por: Elisabeth Ungar Bleier
La renuncia de la exfiscal general Viviane Morales, como consecuencia del fallo del Consejo de Estado por vicios de procedimiento en su elección, ha revivido en el país un debate sobre la llamada politización de la justicia.
En el pasado más reciente, esta discusión se remonta a las conocidas confrontaciones entre varios miembros del anterior gobierno con diferentes sectores de la Rama Judicial, las cuales continúan. Y adquiere mayor relevancia a la luz de las revelaciones en días pasados de La Silla Vacía, en el sentido de que “el Consejo de Estado había tenido una interpretación similar de su propio reglamento. Al igual que la Corte Suprema en el caso de la fiscal, entre el 13 y el 15 de julio de 2010, la Sala Plena del Consejo de Estado interpretó su reglamento de tal manera que redujo el número de votos que se necesitaban para elegir a unos consejeros” (http://www.lasillavacia.com/historia/el-consejo-de-estado-cometio-el-mismo-pecado-por-el-que-tumbo-la-fiscal-31826). De haber sido así, cabe preguntarse si en la decisión sobre la fiscal incidieron motivaciones diferentes a las estrictamente jurídicas. Dicho en otras palabras: ¿mediaron intereses políticos particulares? ¿Refleja esta decisión la politización de la justicia?
Es incuestionable que el Poder Judicial es político, como lo son las otras ramas del poder público y los órganos de control, y que sus determinaciones tienen incidencia y efectos políticos. Por eso, pretender que éstos son “apolíticos” o neutrales es una falacia. “Estas expresiones sólo significan (o deben ser entendidas como) que los jueces actúan, con independencia e imparcialidad, en aplicación estricta del Derecho (criterio jurídico)” (Due Process of Law Foundation, Manual para el fortalecimiento de la independencia y la transparencia del Poder Judicial en América Central, 2012).
Estas reflexiones adquieren especial relevancia en el marco de los debates del proyecto de la reforma a la justicia que está siendo estudiado en el Congreso de la República y del proceso de elección del nuevo o la nueva fiscal general de la Nación. En ambos casos, las decisiones que se adopten indiscutiblemente van a incidir en las estructuras de poder y en las relaciones entre diferentes estamentos y agentes del Estado, y de estos con la sociedad. Es decir, son decisiones con connotaciones políticas, lo cual en sí mismo no es ni bueno ni malo. Lo importante es que no afecten la independencia, la autonomía y la armonía que debe existir entre las ramas del poder, y que no se desvirtúen los propósitos de lograr más transparencia, eficacia y eficiencia en la administración de justicia en nuestro país.
Blindar estos procesos contra su politización, es decir, de la intención de sacar provecho político para favorecer intereses particulares, es un reto ineludible del presidente de la República y de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el caso de la elección de quien estará al frente de la Fiscalía, y del Congreso de la República en la discusión de la reforma. De lo contrario, poco se habrá avanzado en el fortalecimiento de la justicia.
LA ARROGANCIA DEL PODER
Por: Uriel Ortiz Soto
"Se humilde cuando te vean subir, para que te comprendan cuando te vean bajar".
La arrogancia del poder es propia de los mandatarios y demás funcionarios que ignoran las normas que rigen la Administración Pública, llevándose por delante la Urbanidad de Carreño, los buenos modales y la cultura ciudadana. Se vuelven petulantes y groseros con sus subalternos y gobernados, como una forma de eludir sus responsabilidades y el desconocimiento que tienen para el ejercicio eficiente de sus cargos, sin darse cuenta que con sus ordinarieces, están alimentando un petardo, que tarde que temprano estallará en contra de sus propios intereses.
El principio de autoridad y buen gobierno, empieza a deteriorarse y a perder simpatía cuando el mandatario o funcionario de turno tambalea o se contradice en sus decisiones, es inseguro en sus apreciaciones, para finalmente caer en el vacío de las contradicciones, produciendo al mismo tiempo incertidumbre y desazón entre sus gobernados y de los amigos que compartieron con él, las penurias del asfalto cuando se encontraba desempleado.
No hay peor gobernante y funcionario que aquel que se cree infalible en sus actos. No consultarlos con los expertos, es un gravísimo error que se paga con costos políticos y sociales demasiado, altos, para posteriormente quedar enredados en procesos, de orden, moral, penal y disciplinario.
El Código de Régimen Político y Municipal, tiene normas jurídicas bastante claras para el manejo y administración de los departamentos y municipios. Lamentablemente los mandatarios regionales y locales pocas veces las ponen en práctica. Por esta causa, según reportes, varias administraciones se encuentran saqueadas por quienes las han manejaron en forma amañada e irresponsable desde años atrás. Por lo tanto, es obligación de los nuevos Gobernadores y Alcaldes denunciarlas ante la opinión pública y las autoridades competentes, no hacerlo sería ser copartícipes de la corrupción con las consecuencias penales y administrativas a que esto conlleva.
La arrogancia del poder la mayoría de las veces produce efectos inmediatos y secundarios en la opinión pública, puesto que lleva al funcionario a prometer incoherencias, a lanzar propuestas inmaduras para posteriormente tenerlas que reversar en medio de la rechifla de la oposición, que no pierde oportunidad para desvalorizarlo, y de los medios de comunicación que se ven obligados a publicar la noticia tal cual su proceso de formación y desarrollo.
A escasos dos meses y medio de posesionados los nuevos Gobernadores y Alcaldes, a muchos de ellos, se les ha ido las luces con los primeros actos de gobierno, unas veces por ignorancia administrativa y otras por casos de corrupción. Son muchos los que ya son sujetos procesales ante la Fiscalía y Organismos de Control. El principal delito que cometen de entrada, es el del Nepotismo, por creer que la administración pública es una piñata familiar o feudo de amigos, para ocupar posiciones y ganar jugosos contratos, muchas veces sin el lleno de los requisitos legales.
Es lamentable tener que decirlo, pero, en encuesta realizada entre varios gobernadores y alcaldes, sobre el conocimiento que deben tener sobre la Ley de Regalías, en su mayoría, la desconocen, lo más grave, no saben cómo deben acceder a ellas, ni cómo construir un Plan de Desarrollo, requisito indispensable para ser posible su evaluación ante el Departamento Nacional de Planeación. Por esta causa, son infinitos los recursos que pierden los municipios, por ignorancia manifiesta, provocada muchas veces por arrogancia de poder al no aceptar ayuda o asesoría de las personas expertas en cada tema en particular.
Nunca mandatarios regionales y locales, como los de ahora, habían tenido tan magnífica oportunidad para sacar adelante sus departamentos y municipios implementando planes y programas de desarrollo a través de la Ley de Regalías, que aunque muchos no disponen de participación directa, si pueden beneficiarse estructurando un plan de desarrollo de necesidades insatisfechas concertada con las comunidades y en asociación con varios municipios.
De otro lado, es la ocasión para generar miles de empleos directos e indirectos si logran despegar con los TLC, con los cuales Colombia ya ha firmado varios convenios con países como Canadá, Suiza, Chile y los del Triangulo Norte de Suramérica conformado por: Salvador, Guatemala y Honduras. El TLC, con los Estados Unidos que está por entrar en vigencia es un capítulo aparte, puesto que tiene en su agenda oportunidades de exportación con más del 98% del universo arancelario libre de arancel.
Lo primero que deben hacer los gobernadores y alcaldes si es que son acuciosos es levantar en sus municipios el potencial exportador con el fin de mantener una oferta vigente de productos previamente referenciados por los organismos de control en el país de origen y de destino.
Manos a la obra señores mandatarios, a poner a volar su imaginación; menos politiquería, menos arrogancia; más gestión con diligencia, humildad y patriotismo.
REVISTA SEMANA
LOS MAGISTRADOS NO TIENEN FUERO EN MATERIA FISCAL: CONTRALORÍA
La contralora, Sandra Morelli, aclaró que la decisión para que se investigue a 22 magistrados del Consejo Superior de la Judicatura es por el llamado 'carrusel' de pensiones y no por casos aislados. Como son delitos fiscales, los magistrados no tienen fuero.
La contralora de la república, Sandra Morelli, precisó que la investigación que adelanta el ente de control a su cargo sólo está analizando los casos de los magistrados que sistemáticamente han usado su cargo para crear un 'carrusel' de pensiones de funcionarios en el Consejo Superior de la Judicatura.
Según Morelli, lo que investiga la Contraloría es la práctica reiterada de nominaciones por períodos cortos de magistrados auxiliares y otros funcionarios, que impactan de manera desproporcionada la entrega de pensiones.
"Espero que no haya una estrategia deliberada para meter a los que no son y así confundir los casos que sí son", aseguró Morelli. Esto para contrarrestar el abultado número de casos que podría estar investigando la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Así mismo señaló que tras la investigación se ha detectado que ya hay personas que están devengando la pensión y que por ello el embargo ordenado recae sobre su patrimonio. "Esta es una medida cautelar por si eventualmente hay una condena".
En sus declaraciones Morelli aclaró que, contrario a lo que han expresado algunos magistrados, no existe ninguna norma que indique que la Contraloría no pueda hacer una investigación en materia fiscal. "El fuero es en materia penal y en materia disciplinaria".
La contralora reveló que le dio traslado a la Fiscalía para que el ente acusador investigue penalmente a las personas que han recibido pensiones y que no son aforadas. "Lo que hace la Contraloría es denunciar y entregar las sanciones que ameriten castigo fiscal".
La Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal contra ocho magistrados y un exmagistrado del CSJ, por su presunta responsabilidad en el "carrusel" de pensiones que investiga el ente de control.
En la lista están: Temístocles Ortega Narváez (actual gobernador de Cauca); el presidente de la Sala Disciplinaria del CSJ, Henry Villarraga, y los magistrados: Julia Emma Garzón, José Antonio Castilla, José Ovidio Claros, María Mercedes López, Carlos Arturo Ramírez, Marta Patricia Zea y Álvaro Rojas
NO TODA PENSIÓN SUPERIOR A 25 SALARIOS ES LA CONSUMACIÓN DE UN FRAUDE: CONTRALORÍA
Sandra Morelli, contralora general, adelanta investigaciones a magistrados por presunto detrimento patrimonial.
Sandra Morelli aclaró cuáles son las conductas que se castigarán en el llamado carrusel de las pensiones. Dice que no todo nombramiento temporal supone un beneficio y reconoce que los ascensos graduales son también fruto de méritos.
Luego de ordenar el embargo de bienes a nueve magistrados del Consejo Superior de la Judicatura investigados por supuesto detrimento patrimonial, la contralora general Sandra Morelli aclaró las conductas que se están investigando en el proceso que se ha denominado como 'carrusel de pensiones' en la Rama Judicial.
Más aún cuando a la Contraloría han llegado denuncias anónimas que pretenden señalar a magistrados del Consejo de Estado de presunto favorecimiento a personas nombradas magistrados auxiliares, con la supuesta intención de beneficiarlos con el monto de la cotización de sus pensiones.
Por eso advierte que "no todo ascenso, no toda pensión obtenida a través de tutela, no toda pensión en donde se invoque el régimen de transición, no toda pensión que exceda el tope de 25 salarios mínimos (...) es la consumación de un fraude al sistema pensional".
Por eso aclara que la Contraloría debe analizar “muchos factores” para considerar que, en materia de pensiones, haya existido "un presunto detrimento patrimonial". Porque, según la ley, se exige no sólo un daño comprobado al patrimonio público, también que "haya sido ocasionado con dolo o culpa grave y que haya nexo causal entre uno y otro".
En el caso de nueve magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, dice Morelli que la Cotraloría hará un examen juicioso de las distintas circunstancias que rodean cada reconocimiento de una pensión.
La misma actitud que asumirá el ente de control respecto de cualquier otra institución en la que se encuentren "las mismas prácticas", sin importar el cargo en el que se hayan presentado las circunstancias que determinen el presunto detrimento a los recursos públicos.
Lo anterior, para advertir que la Contraloría resolverá la denuncia anónima contra varios consejeros de Estado que participaron en la nominación de Sandra Morelli para el cargo de la Contraloría. Morelli recordó que ella presentó su impedimento ante el procurador general de la Nación, con el propósito de que en las actuaciones de la Contraloría no se presenten conflictos de interés.
Las conductas irregulares
Para despejar dudas sobre la investigación de la Contraloría, Morelli explica que hay "un gran abismo" entre un encargo o un nombramiento por un corto tiempo durante el período de consolidación de derechos pensionales y el ascenso gradual fruto de una vida de trabajo y reconocimiento.
Cita como ejemplo el caso del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Javier Zapata, que entró a la rama judicial como mensajero y producto de su trabajo logró ascender a tan alta magistratura. "De no ser así se estaría coartando la posibilidad de nombrar magistrados a personas que tuvieren la edad de pensión o superior a ella", dice.
En ese sentido, advierte Morelli, lo que se investigará como "presunta gestión antieconómica, ineficiente e inequitativa" son aquellos casos en los cuales sin el monto correspondiente en aportes por parte de empleador y empleados, las pensiones se hayan incrementado.
Eso, dice la contralora, "se ha evidenciado en el Consejo Superior de la Judicatura, donde se encontró que personas que con ocasión de encargos o nombramiento por períodos que no superan los dos meses, sus pensiones pasan de tres a 13, de dos a 11 o de 2,5 a 11,5 millones de pesos".
En caso de encontrarse esas irregularidades, Morelli dice que la Contraloría acompañará las acciones que deben interponer las administradoras, como los recobros, a determinadas pensiones que no correspondan con la ley.
Sin el ánimo de "prejuzgar", Morelli dice que en el caso de los magistrados del Consejo de Estado denunciados, "ayudarán a ilustrar" las diferencias entre un detrimento patrimonial y un nombramiento sin ningún tipo de beneficio.
'CARRUSEL' DE PENSIONES: CONTRALORÍA EMBARGA BIENES DE 22 MAGISTRADOS Y EXMAGISTRADOS
La contralora Sandra Morelli aseguró que ordenó el embargo como medida cautelar. El ente les abrirá proceso de responsabilidad fiscal a los funcionarios.
La contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal contra ocho magistrados y un exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), por su presunta responsabilidad en el "carrusel" de pensiones que investiga el ente de control, según lo informó Caracol Radio.
Morellí no aceptó la competencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, para que investigara a los magistrados del CSJ.
"Me llama poderosamente la atención que nadie quiera que lo investigue la Contraloría, donde aplicamos el debido proceso y queremos ser garantistas. ¿Qué diferencia hay que uno esté sometido a que lo investigue la Contraloría, frente a lo que haga el propio Consejo Superior o la Cámara?"
Dentro del proceso de responsabilidad fiscal, los presuntos responsables fiscales son:
Magistrados nominadores: Temistocles Ortega Narváez, Carlos Arturo Ramírez, Julia Emma Garzón de Gómez, José Ovidio Claros Polanco, Luz Elena Rodríguez Hurtado, María Mercedes López, Henry Villarraga, Marha Patricia Zea Ramos, Jorge Antonio Castillo Rugeles.
Nominados beneficiados: Álvaro Rojas Mayorquín, José Felipe Vidal Alzate, Jesús Herrera, Petrona Pefarán, Constanza Margarita Navia de Ayala, Cenaida Mejía, Zilath Corrales, Luis Evelio Hoyos, Martha Isabel González de Toloza, María Consuelo Concha García, Jorge Iván Bravo Vélez, Margoth Castellanos Carrilo, Jaime Roberto Arteaga.
GOBIERNO, SIN VOTOS PARA RETIRAR FUERO MILITAR DE LA REFORMA A LA JUSTICIA
El presidente Juan Manuel Santos ordenó el retiro del fuero militar del proyecto de reforma a la justicia, pero esa es una decisión autónoma del Congreso. La U y los Conservadores están en contra del mandatario, por lo que el gobierno no tendría el resapaldo de las mayorías para ese propósito.
El Partido Conservador anunció que votaría en contra de retirar el polémico artículo, pese a ser una decisión del presidente Juan Manuel Santos. La U ya se había pronunciado en la misma línea. El asunto empieza a generar fisuras en la 'Unidad Nacional'.
Aunque el Gobierno decidió retirar el artículo sobre el fuero militar de la reforma a la justicia, en la práctica no lo puede hacer. Porque la última palabra la tiene el Congreso, y los partidos mayoritarios de la 'Unidad Nacional' -La U y El Partido Conservador- ya advirtieron que votarán en contra de la decisión del presidente Juan Manuel Santos.
Este miércoles, después de haberse reunido con el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, los congresistas del Partido Conservador no salieron convencidos de que la fórmula para "proteger" jurídicamente las acciones de los miembros de la fuerza pública en el conflicto, sea mediante una reforma integral a la justicia penal militar.
Todo lo contrario. Según el senador Efraín Cepeda, presidente del conservatismo, los congresistas del partido consideran que la fórmula es en la reforma a la justicia, como lo había propuesto el Gobierno el año pasado y como lo decidió el Congreso en cuatro debates.
Cepeda anunció que mientras el Gobierno no presente los artículos definitivos de la tan anunciada reforma a la justicia penal militar, los conservadores no eliminarán el artículo sobre el fuero militar. "Faltan dos semanas para el inicio de sesiones y no conocemos el proyecto. No estamos dispuestos a dar un salto al vacío", dijo advirtiendo algo de improvisación en el Gobierno.
El presidente de los conservadores, que declaró su partido "defensor a ultranza de las Fuerzas Militares", consideró que las recomendaciones sobre el fuero militar, adelantadas por la comisión de expertos creada por el Gobierno, bien podrían ser incorporadas en el artículo que hoy está en la reforma a la justicia.
La postura del Partido Conservador se suma a la ya asumida por el Partido de La U, que considera que el retiro del fuero militar de la reforma a la justicia "sería una señal equivocada", según palabras del senador Juan Lozano (ver entrevista). Ambos partidos coinciden en que si se elimina el artículo, como lo anunció el gobierno hace tres semanas, "se perderá un semestre de debate y trabajo en el Congreso" y que las fuerzas militares necesitan la fórmula con urgencia. Lo ideal sería en junio próximo y no en diciembre, como sucedería de presentarse un nuevo proyecto.
Sin mayorías y con fisuras
La decisión del Partido Conservador es relevante, pues si la asumen en bancada, y el Partido de la U hace lo propio, el Gobierno se quedaría sin votos para eliminar el artículo del fuero militar de la reforma a la justicia.
Y esa decisión, definitiva, la tiene que tomar la Comisión Primera del Senado, que en tres semanas dará quinto debate al proyecto.
En esa comisión, La U con cinco senadores (Juan Carlos Vélez, Manuel Enríquez, Roy Barreras, Carlos Soto y Karime Mota), y los Conservadores con cuatro (Roberto Gerlein, Hernán Andrade, Juan Manuel Corzo, Eduardo Enríquez Maya) son mayoría absoluta, pues conforman un sólido bloque de nueve parlamentarios, de los 18 que integran la comisión.
Por lo que los votos de otras colectividades se harían insuficientes. Los liberales y el Partido Verde, también integrantes de la coalición de gobierno, han anunciado el respaldo al retiro del fuero militar. Pero su poder es de cuatro senadores liberales (Luis Fernando Velasco, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Jesús Ignacio García) y uno del Verde (Jorge Londoño).
Si el Gobierno quiere el retiro del fuero militar, tendrá que recurrir a los votos de los dos senadores del Polo (partido de oposición), que siempre han estado en contra de ampliar los alcances del fuero para los miembros de las fuerzas militares. Y los dos del PIN (Hemel Hurtado y Doris Clemencia Vega –esposa de Luis Alberto Gil, condenado por parapolítica-. Un partido que sigue siendo cuestionado, pero al que el Gobierno ha recurrido en otras oportunidades para salvara algunos proyectos que han estado en la cuerda floja.
Como se trata de una reforma constitucional, la eliminación del fuero militar tiene que ser aprobada por mayoría absoluta, es decir, 10 votos, los cuales el Gobierno no tiene. Pues este pulso, en el papel, partirá con nueve votos a favor del fuero y siete en contra.
La otra salida para el Gobierno es promover que los partidos dejen en libertad de votación a sus parlamentarios. En el Partido de La U, el senador Roy Barreras está de acuerdo con el Gobierno en que el fuero militar sea parte de un proyecto distinto al de reforma a la justicia.
No es un dilema fácil para Santos, quien la próxima semana tendrá que resolver este asunto en la mesa de Unidad Nacional y llegar a un acuerdo con los dos partidos mayoritarios de su coalición para que la reforma a la justicia, que aún no cuenta con pleno consenso, pueda excluir uno de sus artículos más polémicos.